CDMX, 25 de octubre de 2023 – En un giro inesperado dentro de las filas del partido Morena, Olga Sánchez Cordero, senadora y ex ministra, ha expresado su rechazo hacia la iniciativa de extinción de 13 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesta impulsada por su propio grupo parlamentario y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sánchez Cordero, haciendo eco de su compromiso con el principio de republicanismo, ha enfatizado la importancia de la autonomía de los Poderes de la Unión. La senadora advierte que eliminar estos fideicomisos puede socavar las conquistas laborales de los trabajadores del PJF, afectando directamente a oficiales judiciales, técnicos, intendentes y personal de seguridad, entre otros.
En un llamado a la reflexión, Sánchez Cordero ha urgido a sus colegas legisladores a ponderar la gravedad de desmantelar fideicomisos clave, como aquel dedicado al desarrollo de infraestructura en materia de justicia federal y el que asiste en el mantenimiento de viviendas para magistrados y jueces en zonas de alto riesgo.
La postura de la senadora ha generado reacciones mixtas. En respuesta, el presidente López Obrador ha insinuado que su oposición podría estar motivada por antiguas alianzas profesionales y su cercanía con el gremio judicial, debido a su pasado como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la discrepancia de Sánchez Cordero no es un caso aislado dentro de Morena. Alejandro Rojas Díaz Durán, también senador por el mismo partido, se ha sumado a la defensa del PJF, subrayando la necesidad de adherirse a los principios constitucionales que salvaguardan la autonomía de este órgano.
Por su parte, personalidades del ámbito judicial como el magistrado en retiro Víctor Manuel Islas Domínguez han intervenido en el debate, argumentando que los fideicomisos no representan privilegios excesivos para los jueces, sino que constituyen un apoyo fundamental para el funcionamiento del sistema judicial y el bienestar de sus trabajadores.
Este escenario pone de relieve las tensiones existentes en el terreno político mexicano, donde la línea entre la austeridad fiscal y la protección de los derechos laborales y la autonomía judicial parece cada vez más difusa. El debate continúa abierto y pone a prueba la cohesión y los principios del partido en el poder.